La Cámara de Transporte presentó la propuesta al Gobierno provincial para salir de la crisis

Desde la tarde del lunes, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en San Luis, lleva adelante una medida de fuerza en el servicio interurbano que afecta los corredores del interior que están bajo jurisdicción del Gobierno provincial. El reclamo obedece a una deuda que las empresas mantienen con los trabajadores y el pedido de una nueva escala salarial.

La dueña de María del Rosario, Rosa Gómez aseguró que la crisis en el sector es “caótica” y el dinero de la recaudación no es suficiente para afrontar los gastos del combustible y el personal. “Sumado a eso tenemos la cuota de los micros, el mantenimiento y otros gastos”, agregó.

La empresa planteó que la situación, que perjudica a miles de usuarios, será difícil de sortear “sin un subsidio”. Contó que han acudido a la Nación, a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros y la UTA, para recibir asistencia, pero les explicaron que “cada Gobierno (provincial) o municipio debe hacerse cargo del transporte”.

El Gobierno de Alberto Rodríguez Saá desde enero se niega a entregar el subsidio a las empresas.

En marzo, tras casi dos semanas de paro, la gestión de Alberto Rodríguez Saá les otorgó un crédito de $35 millones con el fin de destrabar el conflicto. Sin embargo, esto no ocurrió y las compañías aun no pueden afrontar el pago de la primera cuota, que venció el 10 de julio. Le pidieron el Estado, en varias oportunidades, una prórroga, pero no tuvieron respuesta.

“El gobernador nos dijo que íbamos a hacer una mesa tripartita para ver de qué manera se podría remediar, y nos prometió que lo iba a solucionar”, recordó Gómez en declaraciones a El Chorrillero.

Precisó también que en ese momento, el Gobierno les anticipó que compraría máquinas micronautas para controlar el expendio de boletos y las compañías se harían cargo del mantenimiento.

Otra de las promesas fue la de realizar inspecciones sobre todos los pases libres que circulan en el interurbano. “Pedimos concientización porque si hay un control tampoco sirve. Que lo tenga quien lo necesita porque las empresas estamos haciendo frente al gasto. También tenemos por resolución que los extranjeros circulen gratis, los refugiados que están en la ULP, son muchos y viajan mucho”, explicó.

En esta línea reveló que la Cámara de Empresarios realizó un cálculo del dinero que debería invertir la Provincia para destrabar el conflicto de “todo el sistema” y “se lo presentaron”. “Para movilizar y levantar un servicio se requieren $25 millones mensuales”, señaló.

“No es difícil, pienso que si el Gobierno se pone, en horas se soluciona (…) ¿No llegará al oído del gobernador lo que está pasando?”, manifestó.

La empresaria dio a conocer que actualmente les adeudan a los empleados una escala salarial del mes de enero, el dinero que fijó la UTA por la pérdida del poder adquisitivo y la paritaria del 20% que se concretó la semana pasada. A su vez, dijo que en lo que va del año, por la crisis en el sector, han tenido que vender siete unidades.

Gómez mencionó que si continúa el paro en el servicio es probable que no puedan pagar los salarios de este mes a los trabajadores. “Necesitamos la inyección que dice el gobernador, para que pongan los coches en marcha y den arranque a los motores”, insistió.